Garoña, ¿quién decide?

Estamos ante una decisión, la de la continuidad o no de Garoña, que tiene un claro carácter ejemplarizante. Esto se puede hacer patente revisando el proceso asociado a su tratamiento y revisando las opiniones generadas por el mismo hasta estos momentos.

Se ha descrito en múltiples comunicados y documentos cómo afrontan las centrales nucleares el mantenimiento de las instalaciones. A través de un seguimiento específico para cada equipo se constata su evolución y, simple y llanamente, cuando se alcanza un grado de utilización prefijado se sustituye por uno nuevo. Con este tratamiento, la gran mayoría de los elementos de las plantas mantienen un estado operativo permanentemente actualizado y para ellos no tiene sentido hablar de envejecimiento.

El proceso anterior es aprobado y supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Todo lo anterior ha dado lugar a la ampliación de licencias de operación en diversos países. Como referente más común, las centrales diseñadas para una vida de 40 años han empezado a recibir licencias para funcionar un tiempo adicional de 20 años y ya se está estudiando la posibilidad de otorgar otros 20 años más, lo que llevaría el periodo operativo total de las plantas a los 80 años. Estados Unidos, Suiza, Holanda, Reino Unido, son países que han aplicado la ampliación de vida operativa a las centrales nucleares. En particular, en Estados Unidos son ya más de 50 las unidades que han recibido el permiso para operar 20 años más, concedido por la Comisión Reguladora Nuclear y, hay casi otras tantas que o están en revisión por el organismo regulador o han indicado que van a presentar la solicitud.

Sin embargo, estos referentes no parecen pesar en el caso español. Primero fue Zorita que terminó su explotación cuando estaba alcanzando las cotas más elevadas en la calidad de su funcionamiento y ahora se plantea, en términos fuera de contexto, el no renovar la licencia para Garoña.

De la documentación oficial disponible se hace patente el respeto y eficacia con que Garoña ha tratado sus instalaciones renovando equipos, incorporando nuevos diseños, siempre buscando la excelencia operativa.

No creemos que desde la perspectiva técnica la decisión ofrezca la menor duda. A la viabilidad técnica se unen muchas otras ventajas, entre ellas, un coste altamente competitivo o un impacto social positivo en la zona.

No es el objetivo de este escrito enumerar las bondades de Garoña en el terreno técnico, de seguridad, económico o social.

Lo que deseamos hacer patente es que todo el proceso ha generado todo un mundo de opiniones y el problema parece centrarse en quién gana a quién o, como parece el caso, quien tiene la última palabra. Y aquí nuestra denuncia: entendemos que decisiones de este tipo en un país deben tomarse desde las instituciones que tienen el conocimiento y la capacidad para juzgar con criterio y responsabilidad la situación. Un país, parece que el nuestro se mueve por esos derroteros, que no apoya, respeta y consolida sus instituciones, está abocado a vivir en permanente convulsión, con debates netamente políticos en temas técnicos, a depender de grupos de presión o del tajante ejercicio del poder sin una contrapartida basada en el conocimiento.

Esperemos que Garoña sea el ejemplo de cómo deben actuar los representantes de la Sociedad ante las situaciones que se le planteen.




(Este artículo ha sido publicado o referenciado en diversos medios el 1 de Junio, poco antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera su dictamen proponiendo la prórroga por diez años del funcionamiento de la central nuclear de Sta. María de Garoña. El Gobierno debe ahora tomar la decisión definitiva en el plazo de un mes desde la recepción del dictamen del Consejo.)