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Afrontando un peligro: Smart Cities solo para disfrute de smug citizens

9/5/2016

Publicado por:

 

Madrid, mayo 2016

Ángel Manuel Arias

Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible

 

El versátil concepto de Smart City ha calado hondo en el imaginario empresarial y político, y, animado por la visión de consorcios que tratan de consolidar sus posiciones en la gestión de los servicios públicos, se ha convertido en un marco de actuación del que ninguna corporación municipal sería hoy capaz de substraerse.

 

Clasificaciones de Smart Cities

 

Existen multitud de rankings para las Smart Cities, -en los que no es difícil detectar los intereses que subyacen-. En Europa, los primeros lugares de las clasificaciones parecen reservados sistemáticamente a Copenhague (Siemens y MIT), Amsterdam (Luud Schimmelpennick, Amsterdam Smart City PPP), Viena (TINA Vienna, Wien Energy), Barcelona (Entel, 22@innovation district), París (Bolloré, Autolib, Velib, Proyecto Startup Genome), Estocolmo (Siemens, Universidad Rutgers, Proyecto Stockholm Royal Seaside), Londres (Siemens, Proyecto Startup Genome,) Hamburgo (Cisco), Berlin (IKT) y Helsinki (Microsoft, CGI).

 

El Intelligent Community Forum (ICF), prefiere enfocar la cuestión hacia las “comunidades inteligentes”, agrupando a las ciudades con sus regiones, para poner énfasis en que la tecnología debe servir, sobre todo, para crear empleos de alta calidad, y aumentar la participación ciudadana, generando cluster que asocien a Universidades, Administraciones públicas, asociaciones empresariales, fabricantes tecnológicos, etc. En 2015 seleccionaba con este criterio a Arlington County, (Virginia), Columbia (Ohio), y Mitchell (Dakota del Sur) en EEUU; Ipswich, (Queensland, Australia), y New Taipéi City (Taiwán), junto a Rio de Janeiro (Brasil) y Surrey (Columbia Británica, Canadá).

 

El poder de ensoñación vinculado a las Smart Cities ha servido también para generar de la nada ciudades artificiales, como el centro de operaciones de Songdo (Corea del Sur), cuyo objetivo era atraer a inversores con el aliciente de menores impuestos y escasa regulación o como las 100 ciudades Smart que la India pretende construir como respuesta al anunciado propósito del Gobierno chino de embarcarse en una singladura parecida.

 

El ciudadano como objetivo de la satisfacción

 

No busquemos, sin embargo, vencedores ni vencidos. Los elementos que confluyen en ese escenario son complejos, y la exposición orgullosa de los valores que quieren verse detrás, controvertida.

 

Ante todo, es imprescindible entender que una ciudad inteligente no puede serlo de forma aislada. Será candidata a ese valor si está interconectada con la globalidad, de la que los primeros estadios son la región y el Estado al que pertenecen.

 

Por otra parte, las ciudades no pueden convertirse en un objetivo en sí mismas. Sería un error reformarlas desde la idea de ofrecer un bienestar colectivo impuesto desde arriba, obviando que no están integradas por autómatas, sino por ciudadanos, que son los destinatarios de cualquier actuación política. Deben ser ellos y no la ciudad, como elemento abstracto, quienes deben sentir, orientar y decidir el pulso de esa satisfacción y trasladárselo a los gestores municipales.

 

Habría que moderar la corriente posiblemente perniciosa que tiende a imponer objetivos a las Smart cities con propuestas construidas a la medida de las grandes empresas -provenientes, básicamente, de los sectores de comunicaciones, energía, transporte, etc.- que se esfuerzan en convertir a los representantes de la población en prescriptores de sus productos.

 

En las ciudades viven seres inteligentes, con inquietudes, formación e intereses propios, que no solo quieren ver resueltos sus problemas de intendencia, educación y salud, y disfrutar mejor de su tiempo de ocio, sino que necesitan interactuar con otros ciudadanos y, no en último lugar, han de disponer de la capacidad de generar sus propios recursos económicos con los que atender a sus necesidades.

 

Modelos diferentes según los tipos de ciudad

 

Para las ciudades, la delimitación de las necesidades está poniendo de manifiesto que no es igual la problemática de las grandes ciudades (considerando como tales, las de más de un millón de habitantes) que la de las ciudades de tamaño intermedio (entre cien mil y medio millón de habitantes). La naturaleza de las primeras se corresponde mejor con las de ciudades terminadas, en las que la mayor parte de las necesidades que han de resolverse desde la gestión suponen hacer las cosas mejor para los que ya las habitan, y no en servir de focos de atracción a futuros residentes, a salvo de rentabilizar la pasajera potencialidad turística, cuando proceda.

 

Las ciudades intermedias, en las que vive la mayoría -en Europa, los dos tercios de la población total- deben confrontarse, además, con atender a las condiciones de su desarrollo, incorporando polos de crecimiento.

 

Por eso, el modelo político de las grandes urbes, difundido con tantos alardes mediáticos, puede llevar a los gestores de ciudades de menor tamaño a la errónea conclusión de que el modelo es adaptable, obviando que disponen de menores recursos, carecen de masa crítica y que su capacidad organizativa es más limitada. Aplicado sin rigor, la distancia entre las capitales y las ciudades intermedias se agudiza, y la caída en el PIB en ellas se ha vuelto patente.

 

Si la gestión ha de ser inteligente, existe la obligación de vincular las ofertas que mejoren el cómo viven los ciudadanos, a otras que resuelvan, el de qué viven y han de vivir.

 

Los problemas crecen, las soluciones se concentran

 

Se prevé que, hacia 2050, la Tierra estará poblada por 9.000 millones de habitantes, de los que un 70% desarrollarán su vida en las ciudades. Pero no se tratará solo de atender al crecimiento demográfico ni de absorber el desplazamiento del campo hacia la metrópoli.

 

El paradigma de la Tercera Revolución Industrial obligará a una redefinición completa de las prácticas que rigen los comportamientos económicos, generando una super red de intercambio de conocimientos, demandas de ejecución de tareas y productos en las ciudades, convertidas en grandes centros de consumo, siendo los lugares de producción, en general, irrelevantes.

 

La visión más elemental se contentaría con expresar que ese nuevo mundo debe ser mucho más eficiente en el uso de los recursos materiales y energéticos y en la gestión del capital humano. Dibujando un idílico panorama, se enfatizaría que aparecerán grandes oportunidades, negocios vinculados a las nuevas tecnologías, y, en especial, en lo que se ha convenido en llamar el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), -la interconectividad entre los elementos físicos que tienen que ver con la actividad humana.

 

La cuantificación de esa tendencia, en su grado máximo, supondría admitir que habría que conseguir codificar, y ello solo considerando la población actual, más 60.000 billones de objetos (cada ser humano está rodeado, como mínimo, por 1.000 elementos físicos). Si se tienen en cuenta los parámetros que sería necesario controlar en cada uno, los volúmenes de datos a manejar son, en efecto, inmensos y la gestión de esa información, supondrá grandes ventajas y beneficios a quienes tengan ese poder de tratamiento.

 

Cisco Systems, la empresa líder mundial en telecomunicaciones, ha aventurado la previsión de que se conseguirán ahorros de coste e ingresos adicionales valorados en más de 14 billones de dólares (el PIB anual de la Unión Europea), y la consultora Gartner Inc. Calcula que antes de 2020 habrá cerca de 30 mil millones de dispositivos identificados, incorporados al Internet de las Cosas.

 

El esfuerzo necesario será descomunal y no puede hacerse descansar solo en las ciudades. La sociedad tecnológica pondrá en circulación muchas oportunidades y la oferta de trabajo para cubrir las nuevas prestaciones será elevada, sin duda. Pero la evolución creará otras necesidades y riesgos. Solo la necesidad de formación para satisfacer tal demanda obligará a una adaptación drástica de las estructuras educativas, y la situación evolucionará, tensando la dualidad, entre quienes tengan trabajo de alta cualificación para alimentar la cumbre tecnológica, que serán los menos- y aquellos, en la base la estructura social, que competirán por oficios no cualificados, aunque dispondrán de mayores opciones de empleabilidad.

 

Riesgo de una sociedad dual y en tensión inconciliable

 

Las crisis que se deben afrontar serán de mayor intensidad y variedad que en el pasado y encierran, en sí mismas, una paradoja: la globalización hará más difícil resolver algunos problemas, hasta el punto que se puede decir que corresponderá vivir en una situación de crisis permanente durante todo el siglo XXI.

 

Si no se actúa con sensibilidad, nos abocaríamos sin remedio hacia la implementación de una sociedad dual, a escala mundial. Los países a la cabeza de ese desarrollo, derivarían, en el corto plazo de unos cuarenta años, hacia una economía de mercado fuertemente automatizada, controlada por un pequeño grupo de profesionales de alta capacitación, apoyados en sistemas de inteligencia artificial.

 

Como la cantidad de trabajo necesaria para producir bienes de alta tecnología es menor, los conocimientos se concentrarán, y las cualificaciones para crear o manipular los sofisticados equipos serán de un orden muy diferente a las de quienes serán precisos solo para atender a las tareas rutinarias o los servicios asistenciales domésticos, allí donde los robots les dejen hueco.

 

En cuanto a las necesidades de capital, también se verán en gran medida reducidas, puesto que las inversiones en instalaciones y equipos desagregados podrán ser trasladadas directamente al precio, pudiendo los mismos usuarios o las agrupaciones de consumidores amortizarlas y financiarlas en poco tiempo. No harán falta ni grandes inversiones ni fuertes recursos financieros, ahora precisos para la producción masiva de energía, infraestructuras, transporte de pesadas mercancías o la fabricación de piezas complejas con materiales convencionales.

 

Gestión técnica y económica del Cambio energético

 

El cambio energético de la producción basada en derivados del carbón y petróleo hacia energías renovables es parte esencial de ese nuevo modelo, y permite incorporar el ahorro energético como un factor de producción mucho más importante que el capital o el trabajo, con un largo recorrido por explorar.

 

Para Europa, en concreto, supondrá una revolución estructural, eliminando plataformas obsoletas, movilizando enormes recursos y potenciando la interconexión interna, con consecuencias serias para la competitividad interior y exterior.

 

La reconfiguración de las redes eléctricas, la transformación de millones de edificios en microplantas autónomas de generación de energía verde, la implementación de un entramado de empresas en los sectores de informática, servicios, comunicaciones, tecnologías, transporte de personas y mercancías, sanidad, ocio, seguridad, y la propia gestión de esos datos, generará millones de puestos de trabajo, y aparecerán millares de empresas de todo tamaño: Destruirá también millones de empleos, obligando a asumir despidos, reconversiones, relocalizaciones, y al incremento de los recursos asistenciales.

 

La transformación de una sociedad basada en el consumo de energía fósil a otra que actúe en términos de renovables, será, desde luego, una revolución, y, como cualquier revolución, pasará por momentos incontrolados, aunque debemos confiar -no ciega, activamente- en que el camino conduzca al éxito.

 

Entre tanto, nadie puede ocultar que las cuentas de esa transformación hay que pagarlas con recursos y la actividad humana tiene que ser capaz de generarlos, al mismo tiempo que debe ser capaz de afrontar la necesidad de resolver las tensiones derivadas de las nuevas formas de ejercitar la convivencia.  Los proveedores de servicios necesitan que éstos les sean remunerados, para equilibrar sus cuentas y, en su caso, presentar beneficios. Los ingresos para compensar los costes deberán venir por la vía de impuestos, tasas o subsidios, pagos directos de la factura a los proveedores o de ofertas gratuitas, desinteresadas, de los aportadores de trabajo, capital o recursos materiales.

 

Nuevo modelo de sociedad

 

Es interesante analizar la forma en que se está propiciándose, en ese contexto tradicional capitalista, un escenario de economía social, que crece a un ritmo sorprendente, cuyos protagonistas son millones de voluntarios que ceden de forma gratuita su tiempo, sus conocimientos y su actividad intelectual o física

 

No es un fenómeno que pase ya desapercibido, pues no es una rareza encontrar a personas que encuentran su ámbito de cooperación social en sectores como la educación, la salud, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, incluso la caridad directa. Son prejubilados o jubilados, mujeres y hombres en edad de trabajar para los que la sociedad no encuentra un puesto laboral remunerado, desempleados cobrando o no prestaciones asistenciales, etc., que realizan una aportación cada vez más sustancial al sostenimiento del sistema.

 

La mejora de la calidad urbana se orienta, de forma natural, a cubrir objetivos de habitabilidad, ahorro de recursos, disponibilidad de servicios, oferta cultural, optimización de condiciones ambientales e interactividad social, y estamos acostumbrados a vincularlos a flujos económicos. Compatibilizar estos objetivos, dentro de la competencia propia de una sociedad capitalista, con las aportaciones voluntarias, potencia la capacidad de la ciudad para mantener e incrementar su atractivo como lugar apetecible para residir, trabajar y convivir sin tensiones.

 

Hay aquí la percepción de un nuevo modelo de sociedad emocionante. No se trata de construir un entramado de ciudades Smart orientadas solo hacia el disfrute de individuos Smug (pagados de sí mismos, presumidos). La convivencia tiene por soporte a personas libres, orientadas a encontrar su propio bienestar y que deben ser conscientes de que su desarrollo personal ha de producirse en un contexto de interacciones.

 

La tecnología, en fin, no puede dominar al hombre, sino que se hace imprescindible conservar el derecho a un ámbito privado en el que se puedan tomar decisiones, incluida la de ayudar desinteresadamente a los demás. No es un asunto que pueda ser dirigido solo por intereses empresariales, ni por el mercado, ni siquiera por los gestores públicos. Ha de responder también a los valores éticos y a la potenciación de la convivencia solidaria, con centro en el ciudadano, o no será.

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