Más energía para la política, y menos política para la energía

Madrid, septiembre 2016

Ángel Manuel Arias

Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible

La incorporación al imaginario colectivo hispano del aforismo por el que defender la energía nuclear es propio de ideologías de derechas y las energías verdes se sustentan desde postulados de izquierdas, junto al error visceral de asociar lo simple con lo ecológico, han provocado el menosprecio de las razones técnicas que subyacen en buena parte de las decisiones energéticas.

A principios de diciembre de 2015 tuvo lugar en la sede madrileña del IIE (Instituto de la Ingeniería de España), un acto público en el que se analizó la parte energética de los programas de los cuatro partidos que tenían mayores opciones de participar en el futuro Gobierno de España, en las elecciones que habrían de celebrarse el 20 de diciembre siguiente: PP, PSOE, C’s (Ciudadanos) y Podemos.

Las conclusiones del trabajo fueron anticipadas por Yolanda Moratilla, directora de la cátedra Rafael Mariño en Nuevas tecnologías energéticas de la Universidad Pontificia de Comillas. Moratilla se arriesgó a concentrar en un par de frases los programas energéticos de los partidos de la oposición al Gobierno en funciones, cuyo mensaje compartido podría resumirse de este modo: “Nucleares y fracking, no; energías renovables, al máximo”.

En el debate subsiguiente, participaron los expertos Isaac Alvarez (antiguo directivo de Repsol), Manuel Lozano (catedrático de Física Nuclear en Sevilla) y Victoriano Casajús (ex Director General de REE, presidente de Lysys Real). El grupo de trabajo había confeccionado varios cuadros en los que se habían señalado con puntos rojos las propuestas programáticas que se juzgaron técnicamente irrealizables, y destacado de amarillo, las inconsistencias detectadas.

Los ponentes advirtieron que, si bien el menos dañado por los puntos rojos era el programa propuesto por el PP, se debía a que sus redactores habían obviado concretar propuestas en los asuntos que podrían resultar conflictivos, aunque se podría intuir que las omisiones implicaban el propósito de mantenerse en la misma línea del Gobierno anterior.

Han pasado desde entonces varios meses, y los ciudadanos hemos debido acudir por dos veces a las urnas, sin que los representantes políticos hayan conseguido plasmar acuerdos que garanticen la investidura de un presidente de Gobierno. Los programas electorales no han sufrido modificaciones apreciables, y no cabe decir que la política energética haya ocupado un lugar significativo en los debates.

Este artículo retoma los argumentos esgrimidos durante el desbroce de las propuestas en relación con la energía que se presentaron en diciembre de 2015, analizando los contenidos de los pactos que se formularon entre tres de los partidos que pretendieron, en distintos momentos del proceso postelectoral, alcanzar una mayoría suficiente para la investidura.

Pactos de Estado por la Energía

Los documentos firmados entre Ciudadanos y el PP y entre Ciudadanos y el PSOE, aunque con destino formal diferente -el objetivo del primero era suscribir un Acuerdo para la Investidura y el segundo pretendía un Pacto de Gobierno-, han permitido poner de manifiesto un par de intenciones compartidas por los tres partidos.

Se ha rescatado, como si se tratara de un nuevo principio, la necesidad de un Pacto de Estado por la Energía, que fuera capaz de combinar seguridad jurídica, fomentar la competencia, y aumentar la interconectividad internacional.

Conseguir la estabilidad de los Planes energéticos es un eterno deseo incumplido. La Ley del Sector Eléctrico actualmente vigente, 24/2013, cuyo preámbulo pasa revista a la variopinta relación de Leyes y Decretos que la antecedieron, reconoce que su “finalidad básica” es la regulación del sector eléctrico, atendiendo a las garantías de suministro de calidad, mínimo coste, sostenibilidad económico-financiera y competencia efectiva. La música suena bien, pero la letra corresponde a otra partitura.

Las condiciones de entorno que señalan las Directivas europeas y la grave situación que se vislumbra por el avance del calentamiento global, están en los fundamentos de que, tanto el Acuerdo PP-Cs como el Pacto PSOE- Cs, coincidan en someter a la aprobación de las Cámaras, una Ley de

Cambio Climático y un Plan de Transición Energética (PTE).

Ley de Cambio Climático y Plan de Transición Energética

La Ley de Cambio Climático tendría como propósito regular de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, en especial, la valoración y defensa de los riesgos climáticos. Su necesidad es evidente. La puesta en práctica de esa voluntad se intuye plagada de dificultades y, desde luego, costosa.

Con el Plan de Transición se fijaría la composición del mix energético para 2030 y 2050, sobrepasando los objetivos de la Agenda Europea 2020 y asumiendo los riesgos de superar la imprecisa formulación con que se concluyó, en un clima de forzada euforia, la Cumbre Mundial del Clima COP21. Los acuerdos extra-programa -cuya validez, obviamente, resulta puesta en entredicho al no conseguirse el objetivo de la investidura-, necesitan una intensa post elaboración. Aún era más lacónico a este respecto el programa del Partido Popular, que se limitaba a recoger la necesidad de trazar una Hoja de Ruta 2030 para “cumplir con las obligaciones internacionales”.

La concreción del Plan de Transición deberá atender a la incorporación técnicamente solvente del máximo de energías renovables, recoger las consecuencias del apoyo al autoconsumo e impulsar la mejora en la eficiencia energética, reduciendo a un tiempo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los tres partidos, al menos en estas negociaciones fuera de programa, revelan una creciente sensibilidad hacia la generación distribuida de energía para autoconsumo, pues han manifestado la voluntad de reformar o incluso revocar, el RD 900/2015, que regula su producción, aprobando un nuevo marco regulatorio en la modalidad de balance neto.

En el núcleo duro de la reforma energética, no se puede ignorar que subyace la cuestión de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que no se ha conseguido resolver, hasta el momento, con criterios consistentes ni duraderos. La propuesta que se maneja ahora es realizar una auditoría sobre los costes totales y la revisión del estado de cuentas del mecanismo que pretendió, en su momento, compensar la liberalización del sector eléctrico, procediendo a su liquidación.

El problema del sincronismo

El Pacto de Gobierno suscrito entre Ciudadanos y el PSOE había incluido “la moratoria para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y la restricción a las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos”. También se refería al “cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”, por lo que en 2028 no habría ya producción de energía de origen nuclear en España. También se anunciaba la revisión de la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

Si se trata de encajar este Pacto (ya sin valor), con las propuestas programáticas del PSOE, se pone de manifiesto alguna incoherencia. El programa del PSOE pretendía rebajar las emisiones per cápita de 7’3 a 1’7 toneladas antes de 2050, vinculando el ambicioso objetivo a un Plan estratégico por el que en 2030 se tendría que alcanzar el 70% de la participación de las renovables en el mix energético.

En la reunión que tuvo lugar en el IIE en diciembre pasado en el IIE, una parte del debate se centró precisamente en valorar el efecto de introducir un alto porcentaje de energía de origen renovable, y asíncrona, en el sistema y considero interesante rescatar los argumentos expuestos allí.

Se puso de manifiesto que la red eléctrica ha de responder con eficacia instantánea a las variaciones de demanda y que, los históricos de consumo reflejan que éste puede duplicarse en solo dos horas. El consumo horario de energía fluctúa, en general, entre los 40.000 Mw-hora a las 21 h y los 24.000 Mw-hora del valle entre las 4 y las 6 de la madrugada.

En consecuencia, el sistema eléctrico debe disponer de elementos capaces de elevar su potencia en cortos períodos, tanto para atender a los picos de demanda como a eventuales caídas de generación. Tal estabilidad no puede ser proporcionada por la energía eólica ni por la fotovoltaica; tampoco las plantas de ciclo combinado son capaces de dar una respuesta instantánea, (por eso, aunque no estén proporcionando energía a la red, deben mantenerse a niveles de carga mínimos, en previsión de que sea necesaria su entrada al sistema).

La importancia de mantener una producción nuclear

Una caída brusca de la frecuencia del sistema eléctrico que no pudiera ser compensada con la suficiente rapidez por los mecanismos de regulación primaria y secundaria, obligaría a la desconexión o deslastre automático de cargas, por zonas, como último recurso para evitar el apagón (block out) total del sistema. Con la disminución de la frecuencia, se va reduciendo el porcentaje de carga admisible al sistema, y por debajo de los 48,0 Hz se inicia el disparo de las centrales eléctricas, al actuar sus protecciones de mínima frecuencia. A requerimiento del Operador del Sistema, se puede aplicar un mecanismo adicional de deslastre selectivo.

Por atractiva que resulte teóricamente, pues, la incorporación masiva de energías renovables al mix de nuestro actual sistema eléctrico tiene sus límites, justamente porque se hace imposible la autoregulación del sincronismo.

No solo es preciso atender a la capacidad generadora, sino también a satisfacer las condiciones de inercia que, si se introducen excesivos elementos asíncronos, provocan la desconexión automática de los elementos compensadores, incapaces de atender a su regulación. La discusión, en todo caso, no se realizaría en términos políticos, sino atendiendo a la viabilidad técnica y a los efectos de las diferentes propuestas. Si se eliminara, por ejemplo, toda la producción nuclear, el sistema eléctrico español no podría admitir más del 40 al 50% de generadores asíncronos. Las centrales de ciclo combinado no serían eficientes para estabilizar el sistema por sí solas.

La viabilidad de las propuestas de los partidos situados más a la izquierda

El Programa de Podemos resulta aún más ambicioso, en términos de objetivos energéticos. Propone un plan de transición energética, para que en 2050 el 100 % del consumo proceda “de energías renovables limpias tales como la solar, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión”.

Como medidas inmediatas defiende el compromiso de alcanzar el 100% de energía de base renovable en los consumos de la Administración pública, proposición que habría que cuantificar económicamente. Sin embargo, la propuesta más agresiva implica el cierre inmediato de todas las centrales nucleares. Así expresada, parece desconocer la necesidad de cumplir con plazos de desmantelamiento muy específicos, y un programa rígido de tratamiento de los distintos tipos de residuos, además de implicar unos costes muy altos de ejecución.

Además de la clausura inmediata del ATC (almacén temporal centralizado), se propone sea sustituido por una planta de investigación de energía limpia. Esta intención, en la jornada de diciembre que se utiliza como referencia contextual, fue juzgada como incompatible con responsabilidades y compromisos irrenunciables de tratamiento de los residuos de Baja y Media Radioactividad en nuestro país. Tampoco ofrece solución técnica al problema del procesamiento del material nuclear generado por el desmantelamiento, ni se hace valoración de su coste.

Para Izquierda Unida, la lucha efectiva contra el cambio climático se vincula con la creación de un nuevo modelo energético, por el que se alcance el 100% de producción renovable en 2050. En coincidencia con los programas electorales del PSOE y de Podemos, se admite como axioma la relativa equivalencia entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social del sistema eléctrico. Como elemento catalizador, proponen la creación de una ‘Empresa Pública de Energías Sostenibles y la promoción de la I+D+I, la diversificación energética y, desde luego, redundan en la prohibición del fracking y la fijación de un calendario de cierre de las centrales nucleares, implementando, además, nuevos impuestos a las eléctricas.

Mantener el saber hacer para generar empleo

Hay un objetivo en el que todos parecen estar de acuerdo, aunque que está ligado a una consecuencia que no siempre se quiere ver con la misma mirada. La descarbonización del sistema energético corre paralela a la inevitabilidad de mantener las centrales nucleares. En el panorama mundial, la situación no admite discusión a medio plazo. Las previsiones son de que, aún en 2040, el 70% de la energía primaria mantendrá su origen fósil. Habrá progresiva incorporación de renovables, pero la participación cuantitativa de la energía nuclear al mix mundial será muy alta.

En este contexto, el sostenimiento del saber hacer en materia de centrales nucleares, y, especialmente, en su producción y mantenimiento, es especialmente aconsejable, como contribuyente a la generación de empleo y aportador de ventajas económicas. En el marco general, la estrategia inteligente y pragmática, para un país, como España, que dispone aún de alto nivel en tecnología nuclear, habría de ser la de participar en el desarrollo de esta forma de energía. Son muchos los países que necesitan tecnología, expertos en gestión nuclear, asesoría técnica, entre otros aspectos imaginables. No debe dudarse que Estados Unidos mantendrá su posición predominante en la IV generación de centrales nucleares, vinculada a la prometedora tecnología del torio. Alemania tampoco va a resignarse a despilfarrar el conocimiento que posee de la energía nuclear.

Hacer compatibles los programas energéticos con la movilidad sostenible.

No se ha tratado en los Programas, la cuestión trascendental de la reducción de las emisiones por la combustión de hidrocarburos provocada por el transporte de personas y mercancías. El subsector eléctrico, como ha sido repetidamente puesto de manifiesto por las empresas, ha recibido aquí un tratamiento discriminatorio, haciéndole soporte de la necesidad de mejorar la eficiencia económica y el desarrollo tecnológico, con la asignación de una cuota del 40% de energía renovable para cumplir con el objetivo nacional del 20%, frente al 10% que se atribuyó al sector transporte. La Ley 15/2012 ha penalizado, incomprensiblemente, la competitividad de la electricidad respecto a los hidrocarburos.

La alternativa del coche eléctrico se mantiene como de lejana realización, Con la red actual, sostener un parque de coches eléctricos de cierta entidad es inabordable. Habría que resolver cómo y dónde se cargan las baterías, rehaciendo buena parte de la REE (Red eléctrica). Admitiendo que cada recarga puede realizarse en una hora, con autonomía para 250/300 km, se comprende de inmediato la complejidad de mantener activo un sistema global eficiente de cargas para las ciudades más importantes -no digamos si se quiere contemplar la totalidad del país-. Si el parque de coches eléctricos superase el millón, se podría provocar un aumento puntual de consumo en 20.000 Mw-hora.

Izquierda Unida, – sin duda, especialmente concienciados sus promotores por la problemática vinculada al transporte-, ha propuesto una Ley de Movilidad Sostenible, por la que se revise el actual modelo de movilidad, creando un sistema multimodal e integral de transporte, que se base en establecer primas de sostenibilidad para las empresas, electrificar la totalidad del transporte público y fomentar el uso de la bicicleta, el coche compartido y los combustibles alternativos. Una flecha lanzada hacia lo desconocido, que adolece de idénticas deficiencias a las de casi todas las propuestas de los partidos en relación con la energía: falta la cuantificación de los recursos necesarios y la determinación de la procedencia de los mismos.

Conclusión

El debate sobre las propuestas a aplicar en el sistema energético español ha obviado aspectos imprescindibles. Es necesario llamar la atención sobre la ausencia de cálculos económicos, la incompatibilidad de algunas medidas y las deficiencias en el análisis de la viabilidad técnica de los programas.

Si entre políticos, llegar a puntos de acuerdo parece haberse vuelto especialmente difícil, y, desde luego, la negociación implica estar dispuesto a ceder en algunos postulados, no debiera suceder lo mismo cuando lo que se esgrimen son exclusivamente argumentos técnicos. Allí no debiera ser posible la contaminación por ideologías, si bien, en este mundo de escenarios e intereses movedizos, ya nada puede darse por sentado. Por eso, hay que acercarse a escuchar a los que saben explicar los porqués, sin abandonar el espíritu crítico que nos lleva a no perder de vista los para qués.