Reflexiones sobre las medidas urgentes para adaptar la retribución de las centrales renovables ya in

Autor: Jaime Segarra, miembro del C. Energía del IIE

Una política efectiva de descarbonización requiere un amplio acuerdo de los partidos políticos. COP 25

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) ha confirmado recientemente el acuerdo, entre España y Chile para que la vigesimoquinta Conferencia de las Partes, COP 25, se celebre en Madrid, en lugar de en Santiago. Una cita que se configura como la gran oportunidad de tomar medidas efectivas contra el calentamiento global, fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París y mejorar las metas de reducción de emisiones por parte de los más de 200 países participantes. El Instituto de la Ingeniería de España se une a este esfuerzo para colaborar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La COP 25 constituye la oportunidad de avanzar a todos los niveles, y trabajar en la sensibilización de la población para lograr los citados objetivos. Para ello es importante que el conjunto de la sociedad apoye acciones legislativas que ayuden a la reducción de la huella de carbono y a que las empresas cambien sus modelos de negocio hacia otros más eficientes y circulares y ofrezcan más oportunidades a los consumidores para entrar en esa dinámica y neutralizar a 2050 la huella de carbono.

Sin embargo conseguir dichos objetivos se dificulta en gran manera, en particular en el caso español, por la ausencia de un amplio consenso de los partidos políticos y los agentes sociales. La razón es doble: Por una parte la magnitud del esfuerzo requerido, ya que la transición ecológica no es gratis y sus costes y los cambios de hábitos que conlleva deben ser aceptados y asumidos por toda la sociedad. Por otra, la transición es un esfuerzo a largo plazo que sobrepasa con creces a un período legislativo y que necesita imperiosamente de una seguridad jurídica que sólo puede proporcionar el citado consenso amplio, instrumentado a través de un Pacto de Estado.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la controversia originada por el RDL 17/2019 del 22 de noviembre que contiene medidas urgentes para adaptar la retribución de las centrales renovables ya instaladas, a partir del 1 de enero de 2020, fecha en la que vence el actual período retributivo y que hubiera dado lugar a una caída en su retribución porcentual desde el 7,4% actual a un 4,7%. En valor absoluto, de unos 7.000 millones de euros a unos 5.500. Los citados 7.000 millones pasarán a gravar el recibo de la electricidad y dificultar su disminución.

Esta medida que pretende neutralizar el riesgo de laudos contrarios al Reino de España en el tribunal del CIADI de la ONU, donde se acumulan unos 40, va acompañada de recursos y otras acciones legales en las que España cuenta con el apoyo de la Unión Europea, contraria a reconocer la jurisdicción del CIADI. En todo caso, España afronta un riesgo de unos 5.000 millones de euros lo cual explica que el actual Gobierno en funciones haya garantizado directamente la citada retribución de un 7,4% anual hasta 2031, sujeta a que los potenciales beneficiarios renuncien a los litigios en curso. La controversia sobre esta medida que como se ha indicado incrementará en vez de disminuirlo el precio de la electricidad es un ejemplo de las dificultades que se derivan de la carencia de un Pacto de Estado y del riesgo de inseguridad jurídica si un futuro Gobierno decidiese cambiar la estrategia anterior afectando así eventuales decisiones de inversión.

Todos hablamos del cambio climático y de la necesidad de mitigar sus efectos. Sin embargo la forma correcta de referirnos a este fenómeno es calentamiento global. En efecto, desde que el hombre apareció sobre la tierra se han vivido diversos cambios climáticos como las glaciaciones y sus correspondientes períodos interglaciares, en uno de los cuales, por cierto, nos encontramos. Debemos reconocer nuestra falta actual de conocimientos sobre temas como los ciclos de actividad solar, las variaciones de la excentricidad de la órbita terrestre, las variaciones del magnetismo terrestre, las modificaciones de la inclinación del eje de la tierra y el papel de los océanos, para influir en dichos procesos. Sin embargo la situación actual es conceptualmente distinta ya que no ocurre debido a causas astronómicas o geológicas sino que por lo menos en un porcentaje significativo, el calentamiento global se debe a la actuación del hombre y en particular a que desde el inicio de la revolución agrícola la humanidad ha emitido a la atmósfera gases de efecto invernadero (GEI), proceso que desde la revolución industrial se va acelerando de forma espectacular. Estos GEI, y en particular el CO2 constituyen una pantalla que al igual que ocurre en un invernadero dejan penetrar, pero no salir a las radiaciones solares, lo cual produce a su vez una elevación gradual de la temperatura.

Este fenómeno resulta de la quema de combustibles fósiles y en particular de los hidrocarburos que siguen constituyendo junto con el carbón el modelo de desarrollo demográfico-económico actual. Los análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de la OCDE y de las propias Naciones Unidas confirman que la solución al problema del calentamiento global demanda un cambio de modelo no sólo energético sino también económico y social con la trascendencia que ello implica.

Aunque sea triste reconocerlo han transcurrido 50 años desde las primeras evidencias científicas hasta una concienciación global que todavía no es compartida por alguno de los países grandes emisores. Como de los cuatro factores que intervienen en la ecuación, es decir el crecimiento de la población mundial, el PIB per cápita, la energía para aumentar el PIB en una unidad y las emisiones por unidad de PIB, ninguno se va a anular en un futuro previsible, se comprende la magnitud del problema y la necesidad de una gobernanza global para acometer su solución con probabilidades de éxito. En este sentido los Acuerdos de París (COP21) constituyen un paso en la dirección correcta pero aún insuficiente.

Como no es posible imponer a ningún país que deje de crecer económica o inclusive demográficamente, en particular a los emergentes, la solución tiene que pasar por los modelos energéticos y de transporte y en particular por desacoplar las emisiones del crecimiento económico y demográfico, así como impulsar la eficiencia energética. El estado actual de las tecnologías de almacenamiento de energía y la acuciante necesidad de frenar el aumento de temperatura hacen necesario apostar por una matriz energética que utilice todas las tecnologías no emisoras, inclusive la nuclear, como ya van reconociendo un número creciente de organismos científicos y políticos, tales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE y la Cumbre de Acción Climática 2019 de la ONU.

En el caso de España, tenemos un compromiso decidido que se plasma en los borradores del Plan Nacional de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y la Ley de Transición Justa que deberían permitirnos avanzar hacia la neutralidad de emisiones en 2050. Por lo que se refiere a la generación eléctrica es importante destacar que del 60% aproximado que se produce sin emisiones, del orden del 35-40% corresponde a las centrales nucleares lo cual refuerza lo mencionado en el párrafo anterior respecto a esta tecnología.

En resumen, la humanidad se enfrenta a un problema de gran complejidad cuya solución requiere de un compromiso real de todos los países y una gobernanza mundial ya que de lo contrario siempre habrá países que no acepten sacrificar sus políticas de crecimiento y bienestar social por los costes a corto plazo de los planes de descarbonización, mientras otros siguen avanzando de forma poco o nada solidaria. Confiemos en que la capacidad del hombre para sobreponerse a los problemas permita avanzar en la dirección correcta.