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Crónica de la Jornada del 26 de febrero de 2014. Renovables y pequeño consumidor para organizaciones

Los consumidores y otros agentes del sector eléctrico piden más claridad al Gobierno.

La postura de los productores de energías renovables, la de una pequeña comercializadora de electricidad, y la de los consumidores, completaron el miércoles las jornadas sobre los Desafíos del sector eléctrico a corto y medio plazo que ha celebrado el Instittuto de la Ingeniería de España en los últimos meses, en colaboración la Universidad Pontificia Comillas, en el marco del Seminario permanente de tecnologías energéticas.


Si hace unos meses les tocó el turno a las grandes productoras y comercializadoras, como Endesa e Iberdrola, y a la patronal y a los grandes consumidores, esta vez les tocó el turno al resto de protagonistas del sector eléctrico en España, moderados por José Luis Sancha, ingeniero industrial, y vocal del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto.


Jaume Margarit Roset, director general de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), explicó lo que a juicio de sus representados “es muy evidente, y empieza a cansar tener que repetir siempre”. Margarit, que es licenciado en físicas expresó su “desolación” porque hasta hace poco España “tenía un objetivo de renovables, y ahora hay que remitirse al entorno para encontrarlo”.


En un contexto en el que la demanda de energía “va a seguir aumentando”, con el centro de consumo mundial “desplazándose de EE.UU. y Europa hacia Asia”, destacó que los costes de las renovables “van a la baja”, que aumentan las “dudas” sobre la energía nuclear “tras Fukushima”, y que crece el desarrollo del gas no convencional. Pero, sobre todo, que la dependencia energética de Europa va a crecer “hasta el 80%”, lo que perjudicará a las exportaciones de productos intensivos en energía.


Margarit resaltó las previsiones de la UE para 2050, según las cuales “los costes serán muy parecidos, sea cual sea el modelo de decabornización que se adopte”. Lo que cambiará será el destino del dinero: o bien en inversiones, o bien en compra de energía.


El representante de APPA cree que no se va a cumplir el objetivo de renovables europeo para 2020, al menos no el de España, “con seguridad”, ni el de eficiencia, “como la propia Comisión está reconociendo”. Precisamente la eficiencia debería ser, a su juicio, “el primer objetivo”.


Para 2030 la Comisión ha aprobado un objetivo de 27% de energías renovables en el mix energético, que a la APPA le parece muy bajo, “y lo que es peor, ni siquiera está concretado por países, que no podrán regañarse unos a otros ¿Quién le va a reñir a la UE si no cumple?” Además, ni siquiera ha aprobado un objetivo de eficiencia.


En opinión de los productores de renovables, “el sistema energético está envejecido. Hay que renovarlo porque los combustibles van a subir mucho de precio”. Para ello, consideran más inteligente gastar el dinero en inversiones dentro de la propia Europa o de España, que en comprar petróleo y gas a otros países.


También criticó Margarit el borrador del Real Decreto sobre renovables en el que se regula el autoconsumo. “Nos parece un despropósito que un consumidor que se ponga una placa solar pase a ser sospechoso de insolidario, tenga que pasar a un registro, y además tenga que pagar otra vez por las líneas que te da el sistema, y en proporción mayor a un consumidor normal”. Lo que sí considera justo es que el dueño de placas solares pague por utilizar la red, “pero que se mida cuánto cuesta”.


En cuanto a la polémica sobre el coste de las renovables para el sistema, insistió en que suponen un ahorro importante para el sistema, puesto que bajan el precio de casación del pool energético, que prácticamente compensa las primas estatales a las renovables o incluso lo rebasa, dando sun saldo favorable “de 5.000 millones de euros” desde 2005.


Pequeños comercializadores


Carlota Pi Amorós co-fundadora de Holaluz.com, presentó su empresa, comercializadora online de energía “verde certificada”, y dirigida esencialmente a pymes, “es decir, bares, restaurantes, cafeterías”, y hogares. “No tenemos contratos de permanencia ni facturas en papel”, explicó, puesto que todo lo hacen online, también la relación con los usuarios.


A su juicio, la reforma del sector eléctrico que está desarrollando el Gobierno, en concreto las decisiones de los últimos meses, “han sido de traca valenciana”. Los sucesivos cambios de las tarifas, “sin explicar cómo lo calculan”, les ha hecho tener que explicar a los clientes cambios de un día para otro. “Hay un tema de seguridad jurídica, que a algunos nos inquieta”, ironizó.


Sí que reconoció Pi que el problema es “difícil”. El sistema está en parte regulado y en parte liberalizado desde 1998, y Pi considera que “el ministerio, más que innovar en producto [como con la creación de la tarifa plana], quizás seria interesante que se centrara en legislar sobre las actividades que siguen reguladas, como la distribución”.


La comercializadora lamenta que el borrador de la orden de peajes eléctricos, no aclare el precio máximo en el caso de que el usuario opte por la tarifa plana, ni beneficia a los consumidores que quieran mejorar la eficiencia energética. Además, “un comercializador de la tarifa de último recurso, que en teoría esta haciendo algo regulado, va a poder fijar libremente un precio fijo. Eso también suena un poco raro”.


Sobre todo criticó que las compañías distribuidoras no utilicen la información de los contadores registradores del gasto hora a hora, lo cual permitiría a los usuarios gestionar mejor su energía y ahorrar.


Por otro lado, defendió el criticado sistema del pool eléctrico, en el que toda la energía se paga a los productores al mismo precio, venga de centrales hidroeléctricas (ya amortizadas), de térmicas o de cualquier otro origen. “Desde nuestro punto de vista no es perfecto, pero hay sistemas mucho peores. A un operador pequeño como nosotros nos permite competir en precio, porque compro al mismo precio que uno grande”, resaltó. A su juicio, el problema no es el sistema en sí, sino como se implementa.


En el lado positivo de la reforma, dijo que le gustaría pensar “que a pesar de los fallos es un paso adelante hacia la total liberalización del sector minorista”. Y sí reconoció que al menos podrán informar a los clientes de su gasto en dos tramos horarios, el diario y el nocturno, para que al menos mínimamente puedan gestionar su gasto.


Consumidores


Tampoco están muy contentos los consumidores, representados en la mesa por Carmen Redondo Borgo, representante de Consumo de Hispacoop (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios), que además está en diversos consejos consultivos estatales y europeos.


En su opinión, el mercado liberalizado no ha traído las ventajas prometidas a los usuarios, “que apenas conocía con qué organismos tenía que operar, ni que podían moverse en el mercado libre”. El precio final en España es el tercero más caro de Europa, tras el de Irlanda y Chipre, y superior a la media.


“Se está creando un sistema insostenible”, denunció. “Ha habido un incremento de los costes no acompañado de los ingresos. El déficit de tarifa sigue creciendo; la factura de la electricidad aumenta en exceso, y también crece la demanda”.


La reforma del sector es “necesaria”, reconoció Redondo, “pero se ha hecho sin diálogo, sin tener en cuenta a asociaciones de consumidores, en plazos demasiado cortos y con inseguridad jurídica”. Además, no está resolviendo muchos problemas, como la deuda con las eléctricas, “sigue habiendo problemas de competencia, y no se garantiza un menor coste para el consumidor”.


Lo que Hispacoop pide es “precios transparentes, razonables y comparables”, y que se eliminen muchos costes de la factura que no están relacionados con el coste de suministro. El nuevo sistema de fijación de tarifas “va a hacer muy difícil que el consumidor sepa lo que le va a costar la luz antes de la firma del contrato, o de la base de cálculo, como establece la ley de derechos de los consumidores”, recordó.


Tarifa plana


Criticó que no se haya fijado un precio máximo para la nueva tarifa plana anual, y que éste formato “no estimule el ahorro energético”, puesto que el usuario paga lo mismo gaste lo que gaste.


Cree Redondo que debe informarse mejor a los consumidores de herramientas de protección la web de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia), y sobre nuevos conceptos como la mencionada tarifa plana. También que deben adoptarse más medidas para proteger a los más vulnerables, en riesgo de “pobreza energética”. Ahora mismo solo existe el bono social, subrayó, cuando podemos tomar ejemplo de otros países de nuestro entorno.


Por último, mostró su coincidencia con Jaume Margarit en que debe apostarse por las renovables y el autoconsumo.


En el tiempo del coloquio, Margarit resaltó que si el mercado fuera “transparente de verdad”, las renovables no necesitarían ninguna ayuda, “pero la realidad es otra”. Considera que hay pocos agentes, algo en lo que coincidió Carlota Pi, que apuntó por su parte que a las “primas del carbón nadie las llama primas”.


También criticó la fundadora de Holaluz que el Estado se haya endeudado tanto tiempo con las eléctricas. “Es más fácil acusar a las renovables del déficit que reconocer que hemos estado subvencionando el precio al consumidor final durante mucho tiempo, como el que no llega a fin de mes y vive de la tarjeta de crédito”. En su opinión, la luz estuvo demasiado barata durante mucho tiempo, hasta hace cinco años en que empezó a subir. “Todo el mundo recurría a la electricidad, hasta edificios pegados a centrales de gas. Nadie dijo que había que ahorrar luz, que era algo caro”.


Cobertura en los medios


Cinco Días, 28 de febrero.

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