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Necesitamos infraestructura para adaptarnos al cambio climático
En estos momentos en que todo es manejado como relato al margen de los datos objetivos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCPIC) sigue intentando que en el campo de las infraestructuras y los servicios públicos prevalezca el enfoque técnico y de utilidad a los ciudadanos. Por eso hemos presentado el Informe de Infraestructuras 2023, en el que se analiza la situación de las infraestructuras, comparándola con la de otros 29 países, en seis sectores fundamentales: aeropuertos, carreteras, ciclo del agua, ferrocarril, transporte público urbano y puertos. En el informe, participan más de 220 expertos, que han utilizando 333 indicadores.
España sale bien parada en relación al conjunto de los 30 países analizados, con un notable alto de media. A pesar de esta buena puntuación, queda patente que estamos viviendo de réditos del pasado.
En la actualidad, tenemos un déficit inversor que nos coloca como la última economía de la UE en inversión por habitante y superficie en 2022/2023, con 1.662 euros por km2 y millón de habitantes. Se estima que sería necesario invertir 250.000 millones hasta 2030 en infraestructuras hidráulicas, de transporte público -metro y cercanías fundamentalmente-, de desarrollo de la intermodalidad en los puertos, y las relacionadas con la electrificación y la sostenibilidad.
En carreteras tenemos una red de alta capacidad de las mejores del mundo, sacamos la máxima puntuación tanto en prestaciones como en seguridad, pero con una financiación insuficiente en mantenimiento y conservación, lo que nos sitúa en los últimos puestos con México y Polonia. Faltan áreas de servicio y descanso en la red de gran capacidad, y mejoras en las carreteras convencionales, probablemente las grandes olvidadas. Y plantear nuestras carreteras desde la sostenibilidad. Como conclusión, se estima que serían necesarios 35.000 millones de euros para cubrir las carencias actuales de nuestras carreteras.
Aeropuertos es el sector que obtiene mejor valoración. Contamos con una red que se encuentra entre las mejores del mundo en términos de capacidad y servicios, que se autofinancia mediante el cobro de tasas por el uso, sin necesidad de recurrir a los presupuestos generales del Estado. Uno de los grandes retos que tenemos es reducir la huella de carbono, reducir el ruido para el entorno y electrificar las operaciones que sea posible. En materia de inversión, se necesitarán entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales, durante los próximos 10 años.
El transporte público urbano es el sector que presenta mejoras más significativas. Así, en estos cuatro años, pasa de una puntuación de 6,1 en el último informe de 2019, al 6,8 actual. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en la coordinación entre administraciones o en la desigualdad de la oferta según las geografías. Los expertos sugieren aumentar la descarbonización de las flotas de autobuses urbanos e interurbanos, la implementación de carriles segregados para el transporte público y la construcción de estaciones intermodales.
Con menos visibilidad entre el gran público, pero afectando aproximadamente al 20% de nuestro PIB, está nuestro sistema portuario. Somos el primer país en conectividad marítima, pero fallamos en almacenamiento en tierra, logística, conexiones ferroviarias y agua y electricidad en atraque. Además de que nuestros puertos tienen que adaptarse al cambio climático y desarrollar zonas logísticas cercanas a los puertos para promover la descarbonización y automatización portuaria. Hay que digitalizar.
Presumimos mucho de nuestra red ferroviaria de alta velocidad, sin embargo hay áreas que requieren mejoras, especialmente en ciudades de tamaño medio y en la conectividad intermodal, con los puertos sobre todo. La inversión reciente se ha concentrado en la expansión de la alta velocidad, a menudo en detrimento de las líneas ferroviarias convencionales y de cercanías, y ahí, y en la red ferroviaria de mercancías -ese corredor mediterráneo- están las carencias a superar.
Por último y no menos importante quiero destacar que se echa en falta una política hidráulica nacional y completar las inversiones pendientes en depuración en el ciclo urbano del agua, y desarrollar exhaustivamente la regeneración. Hay que incrementar la oferta de recursos hídricos y a la vez regular la demanda. En un país hídricamente muy complicado, contamos con un abastecimiento doméstico muy bueno y muy barato. Hace falta un enfoque regionalizado para los sectores industrial y agrícola, que es injustamente el saco de los golpes. También es necesario mejorar la seguridad de las instalaciones relacionadas con el agua y fomentar la participación del sector privado en el proceso de I+D+i, que ya es el sector que más tecnología aporta a estas operaciones.
Hay conflictos latentes que hay que apartar de la política y devolver a la técnica. Así, el trasvase Tajo-Segura o el reciente conflicto planteado con la autonomía de gestión del agua en la Comunidad de Madrid. En temas tan técnicos no puede haber una primacía de lo político y lo ideológico.
